Londres, Reino Unido – 26 de octubre de 2025. El plan de identificación digital BritCard, anunciado por el primer ministro Keir Starmer el 26 de septiembre de 2025, ha desatado una fuerte reacción en el Reino Unido. Diseñado para combatir el fraude y el trabajo ilegal, el sistema enfrenta críticas por riesgos a la privacidad y vigilancia estatal. A continuación, se detalla el contexto, los datos clave y las respuestas públicas, basados en fuentes verificadas.
Starmer’s/Blair's digital ID takes another sinister turn as he declares a charge of £85 every time you need to "prove who you are" without one.
— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) October 24, 2025
They're using the same playbook as "Covid passports".
Don't fall for it. pic.twitter.com/q8me4nsWgU
¿Qué es el plan BritCard y cómo funcionará?
El gobierno británico propone BritCard como una aplicación móvil gratuita para verificar identidades, inspirada en sistemas como el del NHS. Según el anuncio oficial, incluirá:
- Datos personales: nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad o estatus de residencia, y una foto para verificación biométrica.
- Uso obligatorio: solo para comprobaciones de derecho al trabajo (Right to Work checks), aplicable a nuevas solicitudes laborales.
- Uso opcional: banca, servicios públicos o licencias de conducir.
- Protección de datos: sin base centralizada, con información encriptada almacenada en dispositivos personales.
La implementación está prevista para antes de agosto de 2029, con una consulta pública programada para finales de 2025 para abordar preocupaciones, como la inclusión de grupos vulnerables sin acceso a smartphones, como ancianos o personas sin hogar.
Objetivos y antecedentes del sistema
El gobierno busca reducir el fraude, el trabajo ilegal y la migración irregular, como los cruces del Canal de la Mancha. Starmer lo describió como una “oportunidad enorme” para dificultar el empleo no autorizado. El plan toma inspiración de modelos internacionales:
- Estonia: identificación digital obligatoria desde 2002 para servicios como votación o banca.
- Australia: sistema opcional para trámites gubernamentales.
A diferencia de intentos previos, como el esquema voluntario eliminado en 2011 por costos e intrusividad, BritCard promete alternativas físicas y soporte presencial para garantizar accesibilidad.
Reacción pública: peticiones y protestas
La oposición ha crecido rápidamente. Una petición en el Parlamento británico (número 730194) contra las IDs digitales superó las 2,9 millones de firmas al 24 de octubre de 2025, frente a 1,6 millones el 27 de septiembre y 2,8 millones el 7 de octubre. Esto obliga a un debate parlamentario al superar el umbral de 100.000 firmas.
Protestas también han surgido:
- 29 de septiembre de 2025: manifestaciones en la conferencia laborista en Liverpool.
- 18 de octubre de 2025: miles marcharon en Londres desde Marble Arch a Whitehall, denunciando “vigilancia masiva”.
No se hallaron datos específicos sobre protestas en Cardiff en las fuentes consultadas.
Críticas y preocupaciones por la privacidad
Grupos como Big Brother Watch y partidos opositores (Conservadores, Liberales Demócratas) critican el plan por:
- Riesgos de privacidad: posibles brechas en datos biométricos.
- Exclusión social: impacto en 1 de cada 5 británicos con baja alfabetización digital o sin smartphones.
- Falta de mandato: no estaba en el manifiesto electoral laborista.
Comparan BritCard con el fallido plan de Tony Blair y sistemas de “crédito social” chinos, temiendo un “estado de vigilancia”.
Cambio en la opinión pública
Encuestas reflejan un rechazo creciente:
- Junio de 2025: 53% a favor, 19% en contra (neto +35%).
- Post-anuncio (septiembre 2025): 31% a favor, 45% en contra (neto –14%).
- Aprobación de Starmer: cayó a –66% ( 13% satisfechos, 79% insatisfechos) al 1 de octubre de 2025.
El gobierno respondió a la petición el 7 de octubre, reafirmando su compromiso sin anunciar cambios.
Qué significa para los ciudadanos
BritCard podría simplificar trámites laborales, pero plantea riesgos de privacidad y exclusión. Los ciudadanos pueden participar en la consulta pública de finales de 2025 para influir en su diseño. La falta de datos sobre costos totales y protestas específicas en ciudades como Cardiff limita la información disponible. Las discrepancias en el conteo de firmas (de 2,6 a 2,9 millones) reflejan actualizaciones en tiempo real.
